Las bancadas de Morena, PRI y PVEM han emitido un pronunciamiento en relación con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el supuesto cobro indebido de 51 cheques vinculados al Congreso de Guerrero. Esta situación ha generado una serie de reacciones en el ámbito político, donde las agrupaciones han señalado la importancia de esperar los resultados de la indagación antes de tomar decisiones definitivas sobre el caso.
El diputado José De Jesús Dorantes González, del PRI, ha solicitado una reunión para obtener más información sobre el informe relacionado con la investigación. Este pedido refleja la preocupación de los legisladores por la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la necesidad de esclarecer cualquier irregularidad que pueda afectar la imagen del Congreso local ante la ciudadanía.
La indagatoria surgió a partir de una denuncia presentada ante la FGE por García Villalva, quien señaló la presunta falsificación de su firma en documentos bancarios. Como parte de las diligencias, el Ministerio Público solicitó al Congreso información laboral, administrativa y financiera relacionada con ocho personas, así como datos sobre los cheques y las personas que participaron en su autorización y cobro.
Entre los delitos que forman parte de la investigación se encuentran abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documentos, fraude y peculado. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidades, por lo que las bancadas han planteado mantener cautela mientras avanza el proceso.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Joaquín Badillo Escamilla, señaló que no existen responsables ni una sentencia en torno al caso y llamó a evitar la polarización política. El legislador sostuvo que corresponde a las autoridades ministeriales realizar las investigaciones y determinar, con base en las pruebas, si se cometió algún delito.
La Fiscalía solicitó al Poder Legislativo precisar si las personas señaladas son o fueron trabajadores del Congreso, las áreas en las que estuvieron asignadas y diversa información de sus expedientes laborales. También pidió identificar quién autorizó la expedición de los cheques, cuál fue el motivo de los pagos y quiénes realizaron los cobros.
El requerimiento ministerial incluye información sobre una cuenta bancaria vinculada con el Congreso y operaciones realizadas durante los primeros meses de 2026. La autoridad busca establecer cómo se emitieron los documentos y si quienes los cobraron tenían alguna relación laboral con el Poder Legislativo.
Desde otras representaciones partidistas también se ha planteado esperar el resultado de las indagatorias. El Partido Verde Ecologista de México consideró que, mientras no exista una determinación de la Fiscalía, se trata de hechos presuntos y no deben adelantarse conclusiones.
El caso se mantiene dentro de la agenda del Congreso de Guerrero mientras la FGE reúne información para determinar si existen elementos que permitan acreditar alguna conducta delictiva. Las distintas fuerzas políticas han coincidido en que el esclarecimiento deberá realizarse por las vías institucionales correspondientes.
La investigación permanece abierta y será la autoridad ministerial la encargada de establecer si existieron irregularidades en la emisión, autorización y cobro de los 51 cheques, así como las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
